Rolando Peña: "El petróleo soy yo"
La pregunta recorre cada esquina del país, desde los barrios populares hasta los análisis en centros financieros: ¿Hasta cuándo el tutelaje de la administración de Donald Trump? Tras el vertiginoso inicio de 2026, marcado por la captura de la pareja usurpadora y el vacío de poder subsiguiente, Venezuela ha entrado en una fase que los analistas definen como un protectorado fáctico. Este marzo, las acciones de la Casa Blanca han dejado de ser meras sanciones para convertirse en una administración operativa directa.
El hito más crudo de las últimas semanas ha sido la formalización de la extracción de crudo como mecanismo de compensación. La retórica de Trump ha sido clara: el petróleo venezolano es visto ahora como una "reparación" por activos estadounidenses nacionalizados en décadas pasadas. Bajo la supervisión de figuras como Marco Rubio, la industria ya no responde a un plan nacional de desarrollo, sino a las necesidades de estabilización del mercado interno norteamericano.
Mientras se reabren las puertas de la Embajada de EE. UU. en Caracas y se iza la bandera de las barras y las estrellas tras siete años, el control de la principal riqueza nacional se decide en Washington. La reciente revocatoria de la Licencia 41 marca el fin de la era de concesiones laxas; hoy, cada barril que sale de nuestras costas tiene un destino prefijado por el Departamento de Energía estadounidense.
En el plano político, el tutelaje se manifiesta en el reconocimiento de una gestión de corte técnico-liderada por Delcy Rodríguez. Washington ha optado por un pragmatismo frío y obediente priorizando la operatividad mínima del Estado y la extracción de recursos sobre una democratización profunda e inmediata. Este "modelo transaccional" ha dejado a un lado a figuras destacadas y aprobadas por la mayoría de los connacionales, bajo el argumento de que el capital estadounidense requiere, ante todo, estabilidad y orden público.
Sin embargo, este escenario de orden impuesto no está exento de amenazas. El mayor peligro es la consolidación de una institucionalidad hueca, donde las decisiones estructurales se toman en el Departamento de Estado y no en una Asamblea Nacional soberana. Al desviar el flujo de caja prioritariamente a cuentas controladas por EE. UU., el Estado venezolano queda sin músculo financiero para reconstruir el sistema eléctrico o frenar una inflación que aún ronda el 600%.
Además, existe el riesgo latente de una recuperación de "dos velocidades": una para los enclaves petroleros bajo licencias de la OFAC y otra para el resto del país, que sigue luchando contra servicios públicos colapsados.
El balance de este primer trimestre de 2026 nos sitúa en una encrucijada histórica. La "paz transaccional" ofrece un alivio inmediato al bolsillo del venezolano, pero el costo es una soberanía hipotecada. La reciente ironía de Trump en redes sociales, aludiendo a Venezuela como el "Estado 51", oculta una realidad subyacente: la pérdida de los límites de la autodeterminación.
La estabilidad que hoy se pregona desde la Casa Blanca es, por definición, ajena. Si Venezuela aspira a ser algo más que una despensa energética segura para el norte, la sociedad debe reclamar su derecho a liderar el proceso. La reconstrucción de las instituciones y la convocatoria a elecciones auténticamente libres no pueden ser un "anexo" de los acuerdos petroleros, sino el corazón de la demanda nacional.
Tal como lo afirma Antonio de la Cruz en la entrevista que acompaña esta nota, el "hasta cuándo" del tutelaje no se responderá en una orden ejecutiva desde Florida, sino en la capacidad de los venezolanos para transformar esta apertura técnica en una libertad real. La historia nos enseña que el orden impuesto desde fuera suele durar lo que duran los intereses de quien lo impone; la democracia, en cambio, solo perdura si es una conquista propia.
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